El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inauguró en la Ciudad de México, el XLII Congreso Nacional de Tribunales de la Conatrib, evento en el que participa el Magistrado Juan Paulo Almazán Cue, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de San Luis Potosí. Durante su mensaje, el Presidente de la República señaló que el reto más importante de su gobierno, es erradicar la violencia y la inseguridad que hay en el país y en este sentido, tiene confianza en que los poderes judiciales de los estados van a aportar su trabajo y esfuerzo para apoyar en esta tarea. Al realizar un profundo análisis de las causas que han llevado al país a estos problemas, señaló que es necesario contar con tribunales fuertes, autónomos y preparados, por lo que desmintió que su gobierno tenga planeado llevar a cabo alguna reforma que afecte a las instituciones de justicia; al contrario, reitero el compromiso con la independencia de los poderes judiciales. Al evento, asistieron el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, en representación del Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Francisco Domínguez Servien, Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO); la Ministra Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación; quien destacó en su mensaje la necesidad de fortalecer los recursos presupuestales y la autonomía a los tribunales estatales, pues en ellos recae una gran responsabilidad en la impartición de justicia desde cada territorio nacional.

El Magistrado Sergio Javier Medina Peñaloza, Presidente de la Conatrib, subrayó que para la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la división de poderes no significa divergencia, sino convergencia en los anhelos comunes y prueba de ello, es la buena disposición que tienen los poderes judiciales para materializar el decálogo de acciones encaminadas a fortalecer el sistema de justicia, del que destacó tres puntos que son: trabajar de forma coordinada con el gobierno federal; crear un Código de Ética Nacional y garantizar la autonomía presupuestaria de los tribunales estatales.