De 8 a 10 mil pesos son los cobros que hace la Fiscalía General del Estado, FGE, a los potosinos por un solo trámite, situación que le fue cuestionada al titular de la dependencia José Luis Ruíz Contreras, durante su comparecencia al Congreso del Estado de San Luis Potosí, como parte de la glosa de su segundo informe de actividades. Fue el diputado del segundo distrito local por el Partido Acción Nacional, PAN, Rubén Guajardo Barrera, quien le cuestionó, luego de que el gremio de abogados lo pusiera en antecedente sobre esta irregularidad que está ocurriendo y que daña el patrimonio de los potosinos. Una forma de solución alterna de terminación anticipada en el proceso penal acusatorio, es la figura de la Suspensión Condicional, que establece el artículo 192 del Código Nacional de Procedimientos Penales, misma que puede ser solicitada por un imputado o el Ministerio Público cuando es la primera vez que se comete una conducta reprochable o bien que, si cometió ésta, hayan transcurrido dos años desde el cumplimiento o cinco años desde el incumplimiento de la suspensión condicional anterior en su caso. El reclamo que hacen diversos abogados defensores, es porque no obstante que la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del proceso de esta entidad la extienda, ahora la Fiscalía, requiere no solamente ese documento, sino que, esa búsqueda de registros sea a nivel nacional, donde la única facultada para solicitarla es la propia dependencia, es decir, está haciendo negocio redondo.
Esa exigencia de registros a nivel nacional, no se encuentra plasmada en precepto legal alguno y que en todo caso, sí la Fiscalía afirma que el imputado no satisface ese requisito, ésta tiene la carga de la prueba de demostrarlo. Sin embargo, lo que se afirma, es que se realizan cobros que van desde los 8 mil a 10 mil pesos, considerando esto, todo un abuso de la autoridad estatal.
