En el 2018 se aplicarán más de 6 mil 100 millones de pesos en San Luis Potosí para el combate a la pobreza, mediante el Ramo 33, el Fondo de Fortalecimiento Municipal y la Aportación para la Infraestructura Social que suman 3 mil 600 millones de pesos, 6.7 % más que el año pasado; así como el programa Prospera que incorporará 23 mil 400 familias más que en el 2017, para llegar a 225 mil, con una inversión de 2 mil 500 millones de pesos. Anunciaron lo anterior el Secretario de Desarrollo Social del Gobierno Federal Eviel Pérez Magaña y el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López, durante una gira de trabajo en San Luis Potosí. En su mensaje el titular de SEDESOL Pérez Magaña reconoció el trabajo que realizan el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Presidenta del Sistema Estatal DIF Lorena Valle Rodríguez, para lograr el tercer lugar nacional en abatir la carencia extrema, “son grandes aliados en el combate contra la pobreza”, aseguró el funcionario federal. Por su parte el mandatario estatal agradeció el respaldo de la federación para proyectos de inclusión social, los cuales permiten que más familias potosinas salgan de las condiciones de pobreza, de la mano con el compromiso de su administración para fortalecer y consolidar la equidad en oportunidades en todos los sectores.
Por la mañana, el encargado de las políticas sociales, presidió la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Directivo de la Estrategia Nacional de Inclusión, donde se refirió a los avances en educación con el cumplimiento del 137 por ciento de la menta establecida, las más de 25 mil personas que lograron ser alfabetizadas y las 102 mil que obtuvieron certificación primaria y secundaria, así como el primer lugar nacional en cobertura en acceso a los servicios de salud. Después el mandatario estatal y el funcionario federal entregaron los Fondos de Aportación para la Infraestructura Social, Ramo 33 y del Fondo de Fortalecimiento Municipal, que suman 3 mil 600 millones de pesos, que buscan el financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de atención prioritaria.
