La misión de los Tribunales Agrarios es impartir justicia para garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos. Eso es en teoría porque en la práctica hay muchas evidencias de que los derechos e intereses de los campesinos, sean ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, pasan a segundo lugar cuando hay poderosos empresarios o políticos de por medio. Un botón de muestra está en el litigio que un grupo de ejidatarios mantiene desde hace 5 años, reclamando la nulidad del acta de una asamblea simulada, mediante la cual se cambió el uso de suelo y se parcelaron 621 hectáreas de uso común del ejido Laguna San Vicente, municipio de Villa de Reyes, S.L.P., para dar un uso comercial y residencial a la zona. Denunciaron que en junio de 2016 se realizó la supuesta asamblea, en la que a varios empresarios se les reconoció el dominio pleno de las parcelas, que dejaron con eso de ser parte de la superficie social y se convirtieron en propiedad privada. El grupo de ejidatarios, al darse cuenta que el Comisariado Ejidal había realizado tratos con personajes conocidos y de influencia política, amparado en una asamblea ficticia, recurrieron a la Procuraduría Agraria, al Registro Agrario Nacional y al Notario Público, solicitando se les expidiera copia del acta correspondiente, documento que les fue dado hasta diciembre de 2017, por requerimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a la que tuvieron que recurrir. Además de la simulación, lo que produjo mayor inconformidad, es que se estableció para esas tierras un precio de 30 pesos por metro cuadrado,  cuando en la fecha en que presuntamente se hizo la asamblea, el valor era, mínimo, de 250 pesos. Los desarrolladores, ahora, están vendiendo hasta mil pesos el metro cuadrado.

El lunes 23 de agosto de 2021, se llevó a cabo una audiencia jurisdiccional, en el Tribunal Unitario Agrario,  se notó la parcialidad hacia los empresarios pues sólo se permitió la entrada a una de las abogadas, bajo argumento de las medidas por la pandemia, siendo necesaria la presencia, al menos, de una más de ellas. El área de Villa de Reyes es importante por el crecimiento industrial y es la causa de que estén en disputa estas 621 hectáreas, parte del desarrollo del parque Logistik. El asunto está complicado porque están los intereses de 3 grupos de empresarios, uno de San Luis, otro de Monterrey y el otro de México, quienes también participan en el conflicto de accionistas por el control del Parque Industrial Logistik, caso en el que, curiosamente, también se invoca la anulación de una asamblea, por irregularidades en su realización. Los ejidatarios lo que quieren es que se respeten su derechos y están dispuestos a llegar a un arreglo pero a partir de un precio justo por sus tierras, que el metro cuadrado se pague sobre la base de los 250 pesos que se estimaba hace 5 años, de no ser así, están dispuestos a continuar con el proceso hasta conseguir la nulidad de la asamblea simulada, pues afirman tener los elementos para demostrarlo.